Filipinas ilegaliza oficialmente el juego online
Las autoridades filipinas han anunciado oficialmente la ilegalización de los casinos virtuales y el juego online para combatir la criminalidad asociada a estas actividades. Esta medida afecta principalmente a los operadores de juego extraterritoriales (POGOs), que han estado vinculados a numerosos escándalos de esclavitud, tráfico humano y lavado de dinero.
Filipinas ilegaliza oficialmente el juego online. ©u_ikll9rvaom/Pixabay
La batalla contra la criminalidad
El 2 de enero de 2025, Filipinas dio un paso decisivo en su lucha contra la criminalidad vinculada a los casinos virtuales al prohibir oficialmente estas actividades. Los conocidos como POGO (Philippine Offshore Gaming Operators) deberán cesar sus operaciones de inmediato, poniendo fin a ocho años de controversia y delitos.
Estos operadores han sido acusados de fomentar estafas online, lavado de dinero, prostitución y tráfico de personas, e incluso de estar implicados en asesinatos.
El director de la Corporación de Juego de Filipinas (PAGCOR), Alejandro Tengco, destacó que estos casinos online se han convertido en un caldo de cultivo para una amplia gama de actividades criminales.
Las operaciones de los POGOs han sido objeto de múltiples denuncias y escándalos, lo que ha llevado al gobierno a tomar medidas drásticas para erradicar este problema.
Impacto económico y social
La industria del juego online ha sido una fuente considerable de ingresos para Filipinas, especialmente dirigido a usuarios chinos en el extranjero. A pesar de los beneficios económicos significativos, el presidente Ferdinand Marcos Jr. subrayó que los costos sociales y económicos superan con creces las ganancias.
Marcos Jr. oficializó la orden en noviembre de 2024, aludiendo a la conexión de estas empresas con grupos mafiosos y criminalidad organizada. Los POGOs, legalizados inicialmente bajo la presidencia de Rodrigo Duterte en 2016, empleaban a aproximadamente 41.800 personas, incluyendo un 18% de ciudadanos chinos.
En 2019, estos operadores generaron unos 104.000 millones de pesos filipinos (aproximadamente 1.780 millones de dólares) para la economía del país. Sin embargo, el crecimiento económico asociado a estos operadores ha sido ensombrecido por los problemas sociales y legales que generan.
La economía filipina, que se benefició enormemente de los ingresos generados por los POGOs, ahora enfrenta el desafío de compensar estas pérdidas mientras combate los efectos negativos del juego online.
Éxodo masivo de trabajadores extranjeros
Tras la prohibición de los juegos de azar online, alrededor de 24.000 trabajadores extranjeros han abandonado Filipinas. La Oficina de Inmigración ha solicitado que los empleados extranjeros afectados por la prohibición salgan del país, según un informe de Nikkei Asia.
Este éxodo masivo sigue al cierre de uno de los mayores centros de operadores de juegos de azar en línea del país, Island Cove, en la provincia de Cavite, que en su apogeo empleaba hasta 30.000 trabajadores.
Este flujo de salida es solo el inicio de una serie de medidas más amplias implementadas por el gobierno filipino para erradicar los operadores de juego online del país.
La Oficina de Inmigración (BI) está intensificando sus esfuerzos para deportar a más de 11.000 ciudadanos extranjeros vinculados a las actividades de los POGOs. Estos trabajadores, que no cumplieron con la fecha límite para abandonar el país, ahora son considerados extranjeros ilegales y están siendo buscados a nivel nacional.
El comisionado de BI, Joel Anthony Viado, ha dejado claro que cualquier extranjero que permanezca en el país de manera ilegal enfrentará arresto, deportación y será incluido en una lista negra sin excepciones.
Viado también advirtió a las empresas locales que deben entregar a cualquier trabajador de POGO que continúe en el país, bajo riesgo de enfrentar cargos por albergar a extranjeros ilegales.
La Comisión Presidencial Contra el Crimen Organizado (PAOCC) ha respaldado estas advertencias, instando a los propietarios de propiedades a no organizar operaciones POGO ilegales.
Las propiedades utilizadas para actividades ilegales podrían ser confiscadas bajo las leyes de decomiso penal. Además, los operadores ilegales han recurrido a configuraciones de menor escala, ocultando sus actividades en recintos amurallados o distritos comerciales con alto tráfico peatonal extranjero.
El cierre de Island Cove en diciembre, que alguna vez fue el mayor centro de operadores de juegos de azar online, simboliza la magnitud de la campaña del gobierno.
Este centro de 33 hectáreas llegó a convertirse en un pilar de la industria del juego online en Filipinas. Sin embargo, con la pandemia y las nuevas normativas fiscales, muchos operadores se vieron obligados a reubicarse o pasar a la clandestinidad.
El impacto de esta medida se siente no solo en el ámbito económico, sino también en la dinámica social del país. Muchos de los trabajadores extranjeros, principalmente de origen chino, se han visto forzados a dejar atrás sus vidas y empleos en Filipinas, creando una disrupción significativa en sus comunidades.
Las autoridades filipinas siguen comprometidas en asegurarse de que esta transición se lleve a cabo de manera ordenada y segura, aunque el desafío es enorme debido a la magnitud del problema.
La decisión de ilegalizar los casinos online ha generado preocupación entre la población y las autoridades, ya que temen que los operadores continúen sus actividades en la clandestinidad.
En junio de 2023, una operación policial rescató a más de 2.700 víctimas de trabajo esclavo en la ciudad de Las Piñas, Manila, lo que demuestra el alcance del problema.
Las autoridades filipinas, lideradas por la Corporación de Juego de Filipinas (PAGCOR), han prometido mantenerse vigilantes para asegurar que estas actividades no resurjan en la clandestinidad.
La preocupación radica en la posibilidad de que las empresas de juego online se adapten a operar en pequeños grupos móviles, dificultando su detección y desmantelamiento.
Estrategia de cumplimiento y medidas adicionales
El Departamento del Interior y Gobierno Local (DILG) ha ordenado a las unidades de gobierno local emitir certificados de “No POGO” antes de fin de enero. Esta iniciativa incluye inspecciones de propiedades residenciales y comerciales, así como la verificación de permisos de ocupación, electricidad y seguridad contra incendios.
Además, las autoridades están persiguiendo certificados de nacimiento falsos utilizados por algunos extranjeros para obtener la ciudadanía filipina de manera fraudulenta.
El senador Sherwin Gatchalian ha destacado que la cancelación de estos documentos es crucial, y la Oficina del Procurador General se ha comprometido a revocar los certificados de nacimiento falsos y confiscar los bienes obtenidos ilegalmente.
Con la ilegalización de los casinos virtuales y el juego online, Filipinas enfrenta un futuro incierto en términos de regulación y control de estas actividades.
Ahora, la prioridad es reforzar las medidas de seguridad y vigilancia para evitar el resurgimiento clandestino de estas operaciones. PAGCOR será la entidad responsable de supervisar la implementación de esta medida y garantizar el cumplimiento de la ley.
