Admitida una demanda contra el Real Decreto de publicidad del juego online
El Real Decreto de Comunicaciones Comerciales (RDCC) impulsado desde el ministerio de Consumo y aprobado en Consejo de Ministros el pasado noviembre sigue trayendo cola. La Asociación Española de Juego Digital (Jdigital) ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el decreto por considerar que promueve la indefensión y desprotección de los consumidores. Jdigital es una de las patronales del sector igaming en nuestro país.
El Real Decreto de Comunicaciones Comerciales del juego online sigue causando controversia en nuestro país. La Asociación Española de Juego Digital y la Asociación de Medios de Información habrían interpuesto sendas demandas contra la regulación impulsada por el ministro de Consumo Alberto Garzón. ©fancycrave1/Pixabay
El pasado noviembre el Consejo de Ministros aprobaba el Real Decreto 958/2020 referente a las comunicaciones comerciales de los operadores de juegos de azar y apuestas online. Una de las piezas legislativas más ambiciosas del sector igaming en nuestro país desde la regulación del juego en línea en 2011. A buen seguro que no será la última.
Jdigital interpone un recurso contencioso-administrativo
No era la primera vez que la Asociación Española de Juego Digital, o Jdigital como se le conoce en el sector, lo intentaba. En julio de 2020 la patronal que reúne a algunas de las empresas del juego más importantes en el mercado regulado español como Sportium, Betfair o Playtech, le comunicaba a la Comisión Europea su malestar por haber aceptado la tramitación de urgencia del Real Decreto de Comunicaciones Comerciales. Según Jdigital la regulación propuesta en el Real Decreto no estaba justificada.
Después del verano, y en medio de la incertidumbre sobre la evolución de la pandemia de la COVID-19, Jdgital volvía a la carga, esta vez en un tuit en el que no descartaban tomar medidas legales contra la legislación que consideran discriminatoria del juego privado. Desde la patronal se advertía del doble rasero del gobierno, que no tendría ningún problema con la publicidad de las loterías y apuestas de la SELAE y la ONCE.
Finalmente, Jdigital ha hecho buenas las amenazas e interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto que ha sido admitido a trámite por el Tribunal Supremo. Desconocemos en este momento la base legal para tal demanda. Desde Jdigital se insiste en que la regulación aprobada no está acorde con la realidad del sector e, incluso, habrían caracterizado el Real Decreto como electoralista.
“Sin perjuicio del evidente impacto económico que esta regulación puede implicar para las empresas de juego online que operan de forma legal en España, Jdigital promueve el presente recurso desde la convicción que su desproporcionalidad va a suponer la indefensión y desprotección de los consumidores de esta actividad. Reiteramos que la publicidad del juego online en España es, y ha sido desde siempre, la herramienta principal prevista en la Ley de Regulación del Juego para canalizar la legítima demanda de juego online que existe en nuestro país a una oferta legal y controlada por las autoridades públicas y, en consecuencia, segura y responsable.”– Jdigital, en nota de prensa
Según la patronal, no existen en España razones para la alarma social que habría sido la detonante del Real Decreto. Además, las restricciones a la publicidad de los operadores online tendrían una consecuencia muy negativa: acabarían por conducir a los usuarios a plataformas de juego online ilegales.
La Asociación de Medios también se querella
La Asociación de Medios de Información (AMI), que reúne a los pesos pesados de la información escrita y digital en España, parece que también se habría querellado contra el Real Decreto, como se desprende de la notificación del Boletín Oficial del Estado el pasado 14 de enero. El texto de la querella no ha trascendido.
Para muchos no es una sorpresa. En el análisis del 3er Informe Trimestral de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), una de las cifras más destacadas era la subida espectacular de los gastos de marketing, precisamente en los meses anteriores a la aprobación del Real Decreto en Consejo de Ministros.
Los operadores habrían incrementado sus gastos en publicidad habida cuenta de la restricción que se venía encima. Los grandes medios de comunicación que viven en gran medida de la publicidad privada se estarían viendo perjudicados por la regulación contemplada en el Real Decreto.
Parece que desde la Asociación de Medios se habría solicitado la suspensión cautelar de la regulación por vulnerar el principio de igualdad de trato de los medios de comunicación. En el texto del Real Decreto publicado en el B.O.E. se dice en su disposición transitoria cuarta que
las comunicaciones comerciales derivadas de contratos suscritos con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto para prestadores de servicios audiovisuales, medios presenciales y redes sociales podrán seguir difundiéndose hasta el 30 de agosto de 2021.
Sin embargo, en su artículo 23.1 la regulación prohíbe la publicidad de los operadores digitales en servicios de la sociedad de la información desde el 1 de mayo, algo que la Asociación de Medios consideraría discriminatorio a la luz de la disposición cuarta mencionada. La polémica está servida.
