Allwyn, el nuevo operador de la lotería británica
La empresa checa se hará cargo del juego más popular del Reino Unido, la lotería nacional, que cada año reparte miles de millones en premios y en proyectos benéficos. Allwyn ha ganado el concurso público tras un año de intensa y dura competencia con otras tres empresas candidatas.
Allwyn promete innovación, transparencia y responsabilidad social
Allwyn, la división de loterías de la empresa checa Sazka Group, se ha convertido en el nuevo operador de la lotería nacional del Reino Unido, tras ganar el concurso público convocado por la Comisión de Juego. Allwyn sustituirá a Camelot, que ha gestionado la lotería británica desde su creación en 1994.
El nuevo operador se ha impuesto a otros tres competidores: el consorcio liderado por el empresario Richard Desmond, dueño del Daily Express, la empresa italiana Sisal, que opera la lotería italiana, y la empresa india Sugal & Damani, que gestiona varias loterías estatales en India.
Allwyn ha ofrecido un plan de negocio que garantiza el aumento de los ingresos para las causas benéficas, la modernización de la oferta de juegos, la mejora de la experiencia de los jugadores y el fomento de un juego responsable.
La empresa checa también ha asegurado que creará 300 puestos de trabajo directos y 5.000 indirectos en el Reino Unido, y que colaborará con socios locales como el grupo de medios ITV, el banco NatWest y el gigante tecnológico Verizon.
Allwyn basa su propuesta en la experiencia y el éxito de Sazka Group, que opera loterías en varios países europeos, como Austria, República Checa, Grecia y Chipre. Se trata del mayor operador de loterías de Europa, con más de 62 millones de clientes y una facturación de 2.000 millones de euros.
El adjudicatario ha expresado su ilusión por asumir el reto de gestionar la lotería británica, que es la más grande del mundo en términos de recaudación para fines sociales.
Desde su lanzamiento, la lotería nacional ha repartido más de 80.000 millones de libras (93.600 millones de euros) en premios y ha destinado más de 43.000 millones de libras (50.300 millones de euros) a más de 635.000 proyectos benéficos.
El gobierno británico revisa la legislación sobre el juego
El mercado del juego en Gran Bretaña creció un 5,6% en el año fiscal 2022-2023, alcanzando los 15.100 millones de libras (17.600 millones de euros), según los datos de la Comisión de Juego.
Sin embargo, el gobierno británico aprobó la nueva ley del juego en diciembre de 2023, tras un largo proceso de consulta y debate. La nueva ley entrará en vigor en abril de 2024, con el objetivo de proteger a los consumidores y prevenir el juego problemático.
Se trata de una revisión de la Ley de Juego de 2005, que regula el sector, con el objetivo de adaptarla a los cambios tecnológicos y sociales del siglo XXI.
Entre las medidas que introduce la nueva ley se encuentran la limitación del gasto y el tiempo en el juego online, para evitar que los jugadores desarrollen adicción. También se prohíbe la publicidad y el patrocinio en el deporte, para reducir la exposición y la influencia del juego en la sociedad.
Además, se creará un organismo independiente de protección al consumidor, para supervisar y resolver las quejas y reclamaciones de los jugadores. Asimismo, se endurecerán las sanciones por incumplimiento de la normativa y se revisará la tributación del sector, para ajustarla a la realidad del mercado y a las necesidades sociales.
El impuesto extra y el juego problemático, temas pendientes
Además de la revisión de la ley, el gobierno británico también ha anunciado su intención de imponer un impuesto extra al juego online y presencial para financiar la lucha contra el juego problemático.
La tasa será del 1% sobre los ingresos brutos de los operadores, que entrará en vigor en abril de 2024, con el fin de financiar la lucha contra el juego problemático. Este impuesto supondrá una recaudación de unos 100 millones de libras (117 millones de euros) al año, que se destinarán a la prevención, la investigación y el tratamiento del trastorno del juego.
Esta medida ha generado reacciones encontradas entre los distintos agentes del sector. Por un lado, algunos colectivos sociales y políticos la han aplaudido como una forma de compensar los daños que el juego puede causar en la salud y el bienestar de las personas.
Por otro lado, los operadores y las asociaciones del juego la han criticado como una carga fiscal excesiva y arbitraria, que podría afectar a la competitividad y la sostenibilidad de la industria.
Otro tema que sigue generando debate es el del juego problemático, que afecta a una minoría de jugadores que no pueden controlar su conducta de juego y que sufren consecuencias negativas en su vida personal, familiar, laboral y económica.
Según los últimos datos de la Comisión de Juego, la tasa de personas con trastorno del juego en el Reino Unido se ha reducido del 0,3% al 0,2% entre los adultos, y del 1,7% al 1,4% entre los jóvenes de 11 a 16 años.
Sin embargo, algunos expertos y organizaciones han cuestionado la fiabilidad de estas cifras, y han reclamado más investigación y prevención sobre este fenómeno.
Asimismo, han pedido más medidas para proteger a los jugadores vulnerables, como la limitación de las apuestas, el bloqueo de las tarjetas de crédito, el refuerzo de los programas de autoexclusión y la mejora de los servicios de ayuda y tratamiento.