Bukele se postula para un segundo mandato en el Salvador
El mandatario salvadoreño se ha apartado temporalmente del cargo para cumplir con el requisito legal de no estar en funciones durante la campaña electoral. Bukele busca revalidar su liderazgo después de una polémica y cuestionada modificación de la Carta Magna en septiembre de 2021, que le habilitó para una reelección inmediata y sin precedentes.
Bukele se postula para un segundo mandato en el Salvador. ©Esaú Fuentes González/Unsplash
La Sala de lo Constitucional lo avala
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha anunciado que se apartará de la presidencia por 6 meses para dedicarse a la campaña electoral, cumpliendo así con el último requisito legal para competir por un segundo mandato en las elecciones generales del 4 de febrero de 2024. Bukele, que fue elegido presidente en 2019 con el apoyo del partido Nuevas Ideas (NI), ha sido objeto de críticas y denuncias por parte de sus opositores y de organismos internacionales por supuestas violaciones a los derechos humanos, concentración del poder y autoritarismo.
En septiembre de 2021, la Sala de lo Constitucional del Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitió una resolución que permitió a Bukele optar a la reelección presidencial inmediata, argumentando que no había prohibición constitucional para ello. La Sala dijo que el hecho de que un presidente compita nuevamente por llegar al cargo “implica únicamente que el pueblo tendrá entre su gama de opciones a la persona que en ese momento ejerce la presidencia”, es decir, no necesariamente sería reelecto.
La decisión de la Sala de lo Constitucional generó una fuerte controversia en el país y en el exterior, ya que contradecía una sentencia de 2014 que establecía que los presidentes solo podían optar a la reelección después de un período de 10 años. Además, la resolución fue emitida por una Sala integrada por magistrados afines a Bukele, que fueron nombrados en mayo de 2021 por la nueva Asamblea Legislativa, controlada por el partido del gobierno. Este hecho fue calificado como un “golpe de Estado” por la oposición y como una “ruptura del orden constitucional” por la Organización de Estados Americanos (OEA).
Bukele prepara su campaña
El mandatario salvadoreño ha solicitado una licencia de 6 meses a la Asamblea Legislativa para dedicarse a la campaña electoral y no estar ejerciendo como presidente. Poco antes de que expirara el plazo establecido, la Asamblea Legislativa aprobó en sesión plenaria extraordinaria el permiso. Durante ese tiempo, Claudia Juana Rodríguez de Guevara ocupará el cargo de Bukele. Con esta decisión queda superado el último escollo legal para que el todavía presidente pueda competir por un segundo mandato en las próximas elecciones generales de febrero.
La solicitud de licencia de Bukele se basó en el artículo 131 de la Constitución, que establece que los funcionarios públicos que aspiren a la presidencia deben separarse de sus cargos seis meses antes de las elecciones. Sin embargo, este artículo no contempla el caso de que el propio presidente sea candidato, ya que la Constitución originalmente prohibía la reelección inmediata. Por esta razón, algunos juristas y analistas consideran que la licencia de Bukele es una maniobra para evadir su responsabilidad como jefe de Estado y para aprovechar su popularidad como candidato.
Régimen de excepción que viola los derechos humanos
Además de la reelección inmediata, otra de las medidas polémicas que ha tomado Bukele es la imposición de un régimen de excepción, que se decretó el 27 de marzo de 2022 tras un pico de homicidios en el que murieron 87 personas. Esto tuvo lugar a causa de la quiebra del supuesto pacto que el gobierno mantenía con las pandillas, para lograr una baja de homicidios a cambio de ciertos beneficios para sus líderes.
Esta situación extraordinaria suspende varios derechos y garantías constitucionales, como la libertad de tránsito, de reunión, de asociación y de expresión, y otorga facultades extraordinarias a las fuerzas de seguridad para detener, registrar e interrogar a cualquier persona sospechosa de pertenecer o colaborar con las pandillas.
El régimen de excepción ha sido prorrogado 10 veces por la Asamblea Legislativa, con el argumento de que ha logrado reducir los homicidios a niveles históricos. Sin embargo, también ha sido denunciado por organismos de derechos humanos, como Amnistía Internacional, que ha documentado casos de detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y violencia sexual contra personas detenidas bajo este régimen.
Según la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), entre marzo de 2022 y marzo de 2023 se registraron más de 65.000 detenciones, de las cuales el 97% fueron arbitrarias y el 3% fueron ilegales. Además, la PDDH reportó que el 59% de las personas detenidas eran jóvenes entre 18 y 30 años, y que hubo 55 casos de personas LGBTIQ detenidas por su orientación sexual o identidad de género.
El régimen de excepción también ha coartado la libertad de prensa y de expresión en El Salvador, ya que el gobierno ha restringido el acceso a la información pública, ha hostigado y amenazado a periodistas y medios críticos y ha difundido propaganda oficialista a través de las redes sociales y los medios afines. El gobierno de Bukele también ha desoído las recomendaciones y las llamadas de atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha solicitado al Estado salvadoreño que respete los derechos humanos, que rinda cuentas por las violaciones cometidas y el cede del Estado de excepción.
Un líder polémico que busca popularidad
Bukele ha sido uno de los líderes más influyentes del mundo en los últimos años, gracias a su gestión exitosa contra las pandillas o maras en El Salvador. El presidente ha logrado mantener una baja tasa de homicidios en el país. Sin embargo, también ha sido objeto de polémica por sus medidas restrictivas, sus enfrentamientos con los medios de comunicación y las instituciones judiciales y legislativas, y sus declaraciones controvertidas sobre temas como las vacunas o las migraciones.
Bukele ha buscado expandir su influencia política más allá de las fronteras nacionales e, incluso, ha expresado su interés en postularse como candidato presidencial en Argentina. Entre sus iniciativas más innovadoras y arriesgadas se encuentra la adopción del bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador, convirtiéndose en el primer país del mundo en hacerlo.
El mandatario también ha defendido esta medida como una forma de impulsar la economía, atraer inversiones y facilitar las remesas de los salvadoreños en el exterior. Sin embargo, se ha enfrentado el rechazo de sectores sociales, empresariales y financieros, que cuestionan la viabilidad, la seguridad y la transparencia del uso del bitcoin. La implementación de esta moneda virtual ha sido igualmente cuestionada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que advirtió sobre los riesgos macroeconómicos, financieros y legales de esta decisión.
