Coljuegos refuerza la lucha contra el juego ilegal
El organismo regulador de juegos de suerte y azar en Colombia ha redoblado sus esfuerzos en diversas áreas clave para garantizar un entorno de juego seguro y regulado. Entre sus principales acciones se encuentran la lucha contra el juego ilegal, la regulación de apuestas online y los significativos aportes a la salud pública.
Acciones del regulador colombiano contra el fraude
Desde el año 2022, Coljuegos ha intensificado sus esfuerzos para combatir el juego ilegal en Colombia. Según el ente, los juegos ilegales han dejado de pagar cerca de $120.000 millones por derechos de explotación.
El organismo está investigando cientos de casos de presuntas operaciones de juegos no autorizados en el país. Esta investigación es parte de un esfuerzo continuo para erradicar las actividades ilegales y proteger a los jugadores.
De acuerdo con el boletín del 31 de mayo de 2024, la Gerencia Contra Operaciones Ilegales de Coljuegos ha iniciado 681 procesos administrativos sancionatorios contra juegos novedosos, localizados, rifas y promocionales que, al parecer, están operando sin los contratos de concesión correspondientes.
Asimismo, el presidente de Coljuegos, Marco Emilio Hincapié, ha declarado que el Keno es ilegal y que no cuenta con reglamentación vigente en el país.
Este tradicional juego de origen chino no forma parte de los juegos online con premios instantáneos y, por lo tanto, no puede ser ofertado por ningún operador en el territorio colombiano, ya sea de manera virtual o presencial.
Control de la ilegalidad y la evasión
Durante 2024, Coljuegos ha auditado el funcionamiento de 28.000 tragamonedas en todo el país, con el fin de verificar la exactitud de las transferencias realizadas, y ha eliminado 3.986 dispositivos de juegos de suerte y azar que se empleaban en actividades de apuestas ilegales.
La entidad también ha abierto un total de 485 procesos sancionatorios a operadores de juegos localizados que, presuntamente, estarían evadiendo u omitiendo el pago de los correspondientes derechos de explotación.
Estas acciones buscan proteger los recursos que son transferidos para la salud de los colombianos. Según el presidente de la entidad, estos procesos representan cerca de $2.300 millones que estarían dejando de ser recibidos por el organismo.
Dichas indagaciones han sido abiertas como parte del seguimiento contractual que realiza Coljuegos a todos los operadores del país que cuentan con un contrato de concesión vigente.
Hincapié indicó que Coljuegos está investigando alrededor de 681 casos de presunta operación no autorizada. Del total de procesos, 621 corresponden a denuncias ciudadanas por la posible operación ilegal de juegos localizados como bingos, tragamonedas, ruletas, módulos de apuestas por Internet, entre otros.
De la misma manera, la entidad está investigando a 25 operadores de juegos localizados por la presunta operación de máquinas que no están registradas ante Coljuegos, pero que funcionan en casinos legales que sí cuentan con un contrato de concesión vigente. A esto se suman 976 órdenes de bloqueo a sitios web que realizan apuestas ilegales.
Regulación de apuestas en línea
El organismo regulador de juegos de suerte y azar en Colombia ha convocado a los 15 operadores de juegos por Internet para participar en mesas de trabajo y abordar las quejas de los usuarios. Estas incluyen reportes sobre fallos en las plataformas y dificultades en el pago de premios.
“Estamos trabajando con los portales autorizados para mejorar el rendimiento de sus plataformas y para coordinar con las casas de software de los operadores legales para que no vendan el desarrollo web a marcas ilegales.”– Marco Emilio Hincapié, Presidente Coljuegos, Boletín informativo Coljuegos
Además, Coljuegos ha publicado acuerdos y novedades en materia normativa del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA), que demuestra su compromiso con la regulación y el control del sector.
Propuesta de Comisión de Reguladores en LATAM
Durante la feria GAT Expo Gaming and Technology 2024, el presidente de Coljuegos, Marco Emilio Hincapié, propuso la creación de una comisión internacional de reguladores de juegos de suerte y azar en América Latina.
Esta comisión buscaría unificar las regulaciones en la región, abordar desafíos comunes y promover la cooperación entre los países latinoamericanos. La propuesta también incluye la regulación de juegos virtuales, criptomonedas, inteligencia artificial aplicada a las apuestas, tecnología blockchain y realidad virtual.
Durante su intervención en el GAT Expo 2024, Hincapié presentó los resultados de la entidad en materia de lucha contra la ilegalidad y destacó la necesidad de avanzar en la legislación para regular estos nuevos ámbitos del juego.
La propuesta fue presentada durante la ponencia titulada ¿Hacia dónde van los juegos de suerte y azar en América Latina?, con la cual se dio apertura a la agenda académica del evento. La feria contó con la participación de delegados de varios países de América Latina, quienes compartieron sus experiencias y desafíos en la regulación de la industria del juego.
Aportes a la Salud Pública
La lucha contra el juego ilegal y la regulación de las apuestas en línea no solo buscan proteger a los jugadores y garantizar un entorno de juego seguro, sino que también tienen un impacto positivo en la financiación de servicios de salud en Colombia.
Hasta abril de este año, las loterías y juegos de azar en Colombia han repartido un total de $366.029 millones en premios a los apostantes. Además, Coljuegos ha transferido importantes sumas de dinero a la salud pública, incluyendo $73.629 millones a los fondos de salud y $230.856 millones al FONPET.
Estas aportaciones reflejan el impacto positivo de la industria del juego en la financiación de servicios de salud en el país. Además, gracias a la implementación de nuevos sistemas tecnológicos para la vigilancia y a la labor de Coljuegos, las transferencias a la salud han aumentado un 12%.
Con estos recursos, durante este año será posible atender a cerca de 371.000 colombianos de escasos recursos que pertenecen al sistema de salud financiado por el gobierno.