El Gobierno impone regulación estricta a influencers

El Gobierno ha aprobado un decreto que redefine el panorama digital, imponiendo normas claras para los influencers en cuanto a publicidad y protección de menores. Esta nueva normativa marcará un hito en la regulación de la comunicación online y sentará las bases para una era más segura y transparente en las redes sociales.

Móvil sobre un tripode con un aro de luz grabando a un influencer.

El Gobierno impone regulación estricta a influencers.
©ANTONI SHKRABA production/Pexels

Inscripción obligatoria y publicidad transparente

La decisión del Consejo de Ministros de regular la actividad de los influencers es un paso significativo hacia la creación de un entorno digital más transparente y seguro.

La nueva normativa no solo establece criterios claros para definir quiénes son considerados influencers, sino que también introduce un sistema de inscripción obligatoria que busca garantizar que estos creadores de contenido operen con la misma responsabilidad y transparencia que los medios tradicionales.

Criterios de Inscripción

La nueva regulación define a los influencers según tres criterios clave: ingresos, actividad en la red y número de seguidores. Basándose en estos pilares, se establecen obligaciones específicas, especialmente en lo referente a la protección de los menores.

Para ser considerado influencer bajo la nueva ley, se deben cumplir ciertos requisitos económicos y de alcance.

Los influyentes con ingresos anuales superiores a 300.000 euros derivados de su actividad en las redes sociales y aquellos con más de un millón de seguidores en una única plataforma o dos millones de seguidores en total, están obligados a inscribirse en el registro oficial.

Este no solo sirve como una herramienta de transparencia, sino que también permite al Gobierno y a los reguladores supervisar y asegurar que se cumplan las normativas pertinentes.

La nueva legislación estipula que los creadores de contenido digital implementen sistemas avanzados de verificación de edad para garantizar que el acceso a material no apto para menores esté debidamente restringido.

Además, deberán etiquetar el contenido según la edad de su audiencia y establecer un código de conducta en colaboración con reguladores del sector, como la CNMC y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

La transparencia es otro pilar fundamental de la nueva legislación. Los influencers deben etiquetar claramente el contenido patrocinado, diferenciando entre opiniones personales y promociones pagadas.

Esta distinción es crucial para mantener la confianza del público y para que los consumidores puedan tomar decisiones informadas basadas en contenido genuino y no sesgado por intereses comerciales.

La seguridad del consumidor es una preocupación central de la nueva regulación. Al restringir la publicidad de productos potencialmente dañinos como el tabaco, el alcohol y los medicamentos, el Gobierno muestra su compromiso con la protección de la salud y el bienestar de los ciudadanos, especialmente los menores de edad.

Plazo de inscripción y beneficios

El plazo de inscripción establecido por el Gobierno para que los influencers se registren en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales es una medida que busca no solo la regulación de la actividad de estos creadores de contenido, sino también la promoción de un entorno digital más justo y equitativo.

Los influyentes tienen dos meses para cumplir con este requisito, lo que les da tiempo suficiente para adaptarse a las nuevas regulaciones y asegurarse de que su contenido cumpla con las normas establecidas.

La inscripción en el registro estatal proporcionará una serie de beneficios para los usuarios de las plataformas digitales. Al tener una lista oficial de creadores de contenido que cumplen con las regulaciones, los consumidores podrán identificar más fácilmente el contenido patrocinado y tomar decisiones informadas sobre a quién seguir.

Además, esta medida asegura que los influencers estén sujetos a las mismas reglas que otros actores del ámbito audiovisual, como las cadenas de televisión y las productoras de cine. Esto crea un terreno de juego equitativo, donde todos los creadores de contenido, independientemente de su plataforma, deben seguir las mismas directrices y estándares éticos.

La obligación de inscribirse en el registro también fomenta una mayor responsabilidad y profesionalización del sector. Al ser reconocidos oficialmente como prestadores audiovisuales, se espera que mantengan un nivel de calidad y ética en su contenido que esté a la altura de su influencia en la sociedad.

Los influencers que no se inscriban dentro del plazo establecido podrían enfrentarse a sanciones y restricciones en su actividad. Esto subraya la importancia de la medida y el compromiso del Gobierno con la implementación efectiva de la regulación.

Impacto en la Industria de Influencers

Esta regulación impuesta por el Gobierno español supone un cambio de paradigma para la industria de las redes sociales en el país. Los influencers, que hasta ahora han disfrutado de una considerable libertad creativa y comercial, se verán obligados a navegar por un conjunto de reglas más estructurado y formalizado.

Los creadores de contenido tendrán que ser más selectivos y estratégicos al elegir con qué marcas colaborar, asegurándose de que estas alineaciones estén en consonancia con las nuevas directrices y que el contenido patrocinado sea transparente y adecuado para su audiencia.

Los influencers que deseen mantener su relevancia y rentabilidad deberán elevar el estándar de su contenido, no solo en términos de calidad visual y narrativa, sino también en cuanto a la responsabilidad social y el cumplimiento normativo. Esto podría traducirse en una mejora general de la calidad del contenido ofrecido en las plataformas digitales.

En un esfuerzo paralelo por reforzar la seguridad en el ámbito digital, plataformas como TikTok han actualizado sus políticas para fortalecer las medidas de protección frente a los juegos de azar, asegurando así un entorno más seguro para todos los usuarios.

Este es un avance significativo en la adaptación de las leyes a la realidad de la economía digital y podría servir de ejemplo para otros países en el futuro.

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