La ley del juego online en Chile se estanca
El debate no cesa y después de haber buscado prohibir la publicidad de las casas de apuestas online, la presidenta de la Asociación Chilena de Casinos de Juego (ACCJ), Cecilia Valdés, habría declarado que el Código Penal chileno tipifica la actividad de los juegos de azar en línea como delito. Las declaraciones han tenido una pronta respuesta de parte del abogado Jorge Bofill que defiende los intereses de Betsson, Betano, Coolbet y Latamwin. La controversia no ayuda para que el proyecto que actualmente está bajo análisis en la Cámara de Diputados llegue a buen puerto.
Chile debía haber sido después de Colombia y las legislaciones aprobadas en la Provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el siguiente gran país Latinoamericano en regular el juego online. Todo apuntaba en esa dirección, pero Perú se adelantó. El debate es interminable y, a día de hoy, no parece que Chile vaya a regular los juegos de azar en línea a corto plazo.
El proyecto de ley que se presentó en el Congreso está ahora en la Comisión de Economía de la Cámara que lo está analizando. Según expertos, en Chile no se espera un resultado positivo sobre la regulación antes de finales de 2023 o, incluso, en 2024. Así las cosas, los recientes debates en torno a la publicidad y los patrocinios de las casas de apuestas no ayudan a que se llegue a un consenso regulatorio.
¿Es el juego online en Chile ilegal o un delito?
Cecilia Valdés, la presidenta de la ACCJ que engloba, entre otros, a los casinos Dreams y Enjoy que recientemente acordaron su fusión, habría declarado a los medios que según se tipifica en el Código Penal chileno la actividad de los juegos de azar online es un delito. Precisamente, el grupo Dreams había sido el detonante de la demanda contra Betsson por su actividad de patrocinio en el país cuando el juego online carece de regulación. Este año Betsson se convirtió en main sponsor de uno de los grandes de la competición futbolística chilena: el Colo-Colo.
Valdés habría querido decir que mientras que no exista una regulación que permita competir a las empresas en condiciones de igualdad, las actividades de operadores como Betsson anunciándose a clientes online chilenos estarían fuera de la legalidad y constituirían, por ello mismo, un delito. Las dudas que se plantean afectan a otras regulaciones también, como es el caso de Uruguay, con un conflicto evidente entre los operadores en línea internacionales y las empresas de casinos afincadas en el país y cuyos intereses diferirían.
El abogado del Gran Arena Monticello, otro de los grandes casinos del país, se habría expresado en términos muy similares. Los juegos de azar están prohibidos en Chile a excepción de la Polla Chilena de Beneficencia, la Lotería de Concepción, las apuestas hípicas y, por supuesto, las actividades de los casinos autorizados por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), la autoridad legal en el país.
Pero calificar el juego online como delito son palabras muy duras. El abogado Jorge Bofill, que ejerce de representante legal de los casinos Betsson, Betano, Latamwin y Coolbet, habría contestado a los argumentos de Valdés diciendo que de acuerdo con el derecho económico público chileno no existe una prohibición expresa ni de los juegos de azar en general ni de la actividad en línea de los mismos. Lo que sí existen son sanciones relacionadas con infracciones relativas a loterías y casas de juego.
El debate parece estar sujeto a interpretaciones, y mientras la ley que promulgue el juego en línea en Chile se siga demorando más, parece que vamos a tener disputas de este tipo por un tiempo aún.
Una regulación necesaria
En Chile, con uno de los ingresos per cápita más altos de la región y una tasa de bancarización cercana al 75%, la regulación del juego online podría ser todo un éxito. El proyecto de regulación que se encuentra en la Cámara de Diputados plantea que las licencias solo serán otorgadas a empresas con accionistas chilenos, lo que implicaría que los operadores internacionales con intereses en el mercado de juegos online chileno tendrían que establecer empresas mixtas para poder operar, lo que al fin y al cabo es una práctica bastante común en la región, pues así ocurre también en Buenos Aires.